Más allá de
que el contrato se haya adjudicado a una empresa que podría no reunía los
requisitos - la no existencia de litigios con el Estado de Chile - o se hayan
cometido otras desprolijidades a las que nos ha tenido acostumbrados el actual
ejecutivo, lo grave es que las medidas se han tomado a espaldas de los
intereses públicos y eludiendo el debate de fondo sobre la aplicación de la ley
vigente.
Algo no está
claro. ¿Por qué el apuro de buscar esta forma de entregar la explotación del
litio en lugar de una concesión con todas las de la ley? Una triquiñuela
jurídica nos conduce a un contrato de explotación entregado a la empresa que
mayores intereses tiene en esta materia, en circunstancia que hoy no parece
rentable la masiva explotación de este recurso pues ello puede llevar a una
repentina baja del precio.
Es decir,
cuando el Estado dice estar interesado en la explotación de este recurso - de
gran interés para el desarrollo futuro de la tecnología -, en lugar de ceñirse
a la ley y hacerlo directamente o a través de empresas propias, entrega la
explotación a quien puede ser su máximo competidor y que, evidentemente está
más interesado en mantener el control de la producción que su explotación
masiva.
El Estado
podría obtener enormes ingresos mediante el desarrollo de empresas similares a
CODELCO, quien por lo demás es propietaria de enormes zonas con reservas de
litio y de sus derechos de explotación, pero el gobierno actual ha preferido
entregar la explotación a manos privadas.
Se sigue
concentrando el poder económico en las manos de ciertas personas, cumpliendo
así un diseño peligroso para el desarrollo del país y el bienestar de sus
ciudadanos. Pero, además, se sigue favoreciendo que ese enriquecimiento se haga
en desmedro del patrimonio estatal y de la posibilidad de tener un desarrollo
armónico de la sociedad chilena, mediante mecanismos de distribución y
asignación de recursos para el apoyo de los sectores menos favorecidos.
El litio es un recurso que llegará a ser tan
importante como el cobre y por ello su explotación debe producir ganancias y
beneficios para todos los chilenos y no sólo para aquellas empresas
pertenecientes a grupos minoritarios, cuyo único empeño es la búsqueda del
lucro y del enriquecimiento personal. Es precisamente por ello es que estamos
ante un tema de Estado, de interés nacional y que como tal, nos involucra a
todos como sociedad y sobre el cual tenemos el derecho y el deber de expresar
nuestra posición. Es el interés de Chile y de su pueblo el que está en juego,
de las generaciones presentes y futuras. Sin perjuicio de ello y en aras de la
transparencia es que se debe investigar a fondo por las instancias competentes
la legalidad del proceso de licitación recientemente realizado.
Abogado ambientalista.
Candidato a Concejal.
Candidato a Concejal.
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